El grifo en casa | Abrir el grifo en casa y tener agua potable. ¿Desde cuándo disfrutan los alicantinos de este servicio, ahora inapreciable por lo cotidiano, pero antaño privilegiado?
Como la que servía para regar la huerta, el agua potable que se usaba en casa se obtenía históricamente de pozos y de aljibes, así como de las acequias que la traían desde manantiales próximos. Se sabe que en la medina musulmana de Laqant las acequias traían el agua desde un manantial que había al otro lado de la falda del Benacantil (La Goteta); y que en 1260, tras la conquista cristiana de Alicante, Alfonso X el Sabio aprobó el gasto de 500 maravedíes para las obras necesarias conducentes al suministro de agua desde el manantial de la Fuensanta, en el llano de Valladolid. Desde entonces, el agua para consumo humano en nuestra ciudad ha sido traída desde diferentes hontanares, según han ido secándose los sucesivos manantiales.
En 1557, Alicante contaba dentro de sus murallas con 1.100 casas y con cuatro fuentes que seguían recibiendo las aguas del hontanar de la Fuensanta. Estas fuentes estaban situadas en las plazas de San Cristóbal y del Mar, en la calle de San Nicolás y cerca del hospital de San Juan Bautista. Tradicionalmente, las bocas de las fuentes por las que salía el agua estaban cerradas por llaves de metal que representaban a unos animales fabulosos (águila el medio cuerpo superior, león el inferior) llamados grifos, razón por la cual estas llaves también se conocían con este nombre. Y cuando algunos alicantinos empezaron a desviar el agua que llegaba a las fuentes hacia sus domicilios, también en ellos instalaron grifos para regular el paso de la misma.
No se sabe la fecha exacta en que se instaló el primer grifo en una casa particular de Alicante, pero debió suceder muy poco después de que se instalara la primera fuente pública. Este aprovechamiento de aguas públicas para consumo doméstico empezó a llevarse a cabo por familias ricas, las únicas que podían costear los gastos de las obras, y casi siempre de manera ilícita, pues aunque hubo concesiones gratuitas por parte de las autoridades municipales, la mayoría de las veces se desviaban las aguas de las fuentes sin permiso. El pretexto que argüían quienes así obraban era que los gastos de conducción del agua desde los manantiales a la ciudad eran sufragados por los contribuyentes. Pero la responsabilidad de administrar la traída de agua y asegurar su suministro para todos los vecinos era del Ayuntamiento. Así fue estipulado en las Ordenanzas Reales del 14 de febrero de 1624, aunque esta responsabilidad municipal se remontaba al siglo XIII.
Esto supuso que con frecuencia se adoptaran drásticas medidas por parte del cabildo municipal que provocaban confrontaciones entre los regidores y los propietarios de las casas que se habían abastecido de agua pública irregularmente, pese a que los primeros eran de la misma clase social, e incluso de la misma familia, que los segundos. Esto ocurría sobre todo en épocas de sequía, demasiado frecuentes en la historia de la ciudad, cuando la escasez de agua para el consumo humano era alarmante y contrastaba con el abuso que se hacía de ella por parte de quienes la disfrutaban sin consentimiento municipal.
Así, en abril de 1721, tras una inspección realizada por el maestro de obras municipal, el Ayuntamiento aprobó la clausura de todos los grifos, pilas y presas que se alimentaban de agua pública, en aquellas casas cuyos propietarios no podían demostrar con documentos que poseían la autorización pertinente. Requisito que no cumplían la inmensa mayoría. Pero muy pronto se reabrieron estas tomas ilegales de agua pública y se hicieron muchas más, pues diez años después, en el verano de 1731, ante las quejas de los vecinos de la Villavieja por la falta de agua en las fuentes, el Cabildo volvió a condenar las presas y grifos no autorizados, advirtiendo a sus propietarios que deberían pagar una multa de 25 libras si volvían a abrirlas. Esta advertencia no sirvió de mucho puesto que, a lo largo del siglo XVIII, hubo de realizarse esta misma operación de clausura, y hasta de destrucción de grifos y presas ilegales, al menos dos veces más, en 1752 y 1765.
Ya en el siglo XIX, volvió a producirse una destrucción masiva de grifos y presas ilegales en 1824. Algunos propietarios solicitaron entonces al Ayuntamiento permiso para mantener el suministro de agua en sus casas, pese a carecer de documento que acreditase autorización previa, por tratarse de viviendas que ya contaban con grifos desde mucho antes de que ellos las comprasen. Presentaron varios testigos ante Juan Sanmartín, regidor comisionario de fuentes, siendo el más común José Puerto de Mariano, maestro albañil de 65 años de edad. Estas peticiones fueron atendidas favorablemente, por lo que aparecen en la relación de 224 casas alicantinas que tenían grifos y piletas con agua tomada de las fuentes públicas, elaborada por el Ayuntamiento en octubre de 1826. En esta relación figuran detalles como el tamaño de los grifos, el número de pilas y si había aljibes, balsas o cisternas que llevaban el agua a través de acequias a otras casas o algún huerto. Como prueba de los abusos que se cometían por algunos de estos propietarios, expongamos un ejemplo: vivienda en la plaza de San Agustín con una acequia que tomaba agua de la fuente pública, grifo grande, dos piletas con desagüe para llenar una cisterna y acequia que llevaba agua para regar una huerta. Abusos que continuaban pese a la falta de agua en las fuentes públicas.
El 1 de agosto de 1846 el Ayuntamiento acordó cobrar a los propietarios de las casas que recibían agua pública un impuesto de 20 reales por cada cisterna y 40 por cada grifo y pileta. Y en 1850, la Ordenanza de Policía Urbana reconoció la existencia de concesiones de agua otorgadas hasta entonces y exponía las reglas para pedirlas y otorgarlas en lo sucesivo.
En 1859, debido a la poca calidad y cantidad de agua que llegaba desde el manantial de Casa Blanca, el Ayuntamiento empezó a buscar otros hontanares. Por entonces eran 175 los propietarios que disfrutaban de agua en sus domicilios, pero no pocos de ellos poseían varias casas.
En 1861 el problema del suministro de agua no estaba todavía resuelto. El 22 de julio, un inspector de vigilancia envió un oficio al alcalde en el que informaba de que «ayer y hoy falta el agua en la fuente de la plaza de Sta. Teresa, barrio de San Antón, lo cual produjo cierta alarma entre las mugeres de aquel vecindario, porque les falta tambien el recurso de los aljibes ó pozos particulares, y lo mismo sucede en la fuente llamada del Soldado y alguna otra; pero no con tan alarmante proporcion como en aquel barrio. Lo que elevo al superior conocimiento (…) encargándole que con urgencia adopte las medidas necesarias para que vuelva el agua á las fuentes públicas, evitando á toda costa que por semejante falta se produzca disgusto que llegue á afectar el orden público».
El Ayuntamiento ordenó una vez más la destrucción de todas las presas y grifos. Pero esta vez un centenar de propietarios (todos ricos e influyentes) decidieron resistirse, presentando una demanda contra el Ayuntamiento por medio del procurador Francisco Heredia. Varios de estos propietarios poseían dos o tres casas y uno de ellos, Francisco Pascual de Pobil, era dueño de cuatro casas con cisternas. El alcalde fue muy duro con los demandantes. Además de recordar el compromiso del Cabildo de ejercer como garante del suministro de agua para todos los alicantinos, un compromiso del que no se podía «desprender sin esponer al pueblo, siquiera sea por un momento, al peligro de no poder apagar la sed por falta del agua que algunos privilegiados la malgastan porque la tienen con abundancia», y que las concesiones otorgadas a los propietarios para uso de agua pública en sus casas tenían la condición de revocabilidad «cuando el aprovechamiento particular fuera incompatible con el del comun de vecinos», como entonces ocurría, advirtió que el Ayuntamiento podía perseguir a la mayor parte de los demandantes criminalmente por haber tomado el agua de manera fraudulenta, privándosela así a los más humildes.
Beneficios del agua pública
El 1 de octubre de 1861 se hizo público el «Reglamento para el gobierno y administración de las aguas potables de la ciudad». Entre lo que quedaba de ese año y principios del siguiente, se otorgaron doscientas concesiones de agua a domicilio, previo pago al contado de tres mil reales en acciones del empréstito que se levantó para costear las obras del nuevo viaje de aguas. Ni que decir tiene que los doscientos afortunados eran todos ricos.
