El derecho en sus diferentes ramas permite a las personas recibir un trato justo cuando se presentan situaciones que no se pueden resolver mediante acuerdos voluntarios, entre los problemas que frecuentemente se llevan a instancias judiciales se encuentran los daños y perjuicios a terceros, intencionales o involuntarios.
Muchas personas han sufrido daños a causa de otros y han dejado de percibir las indemnizaciones correspondientes por miedo, ignorancia o falta de confianza en los abogados, aunque lo peor que una persona puede hacer es permitir que se pierda su causa por omisión, sobre todo cuando se trata de recibir lo que indica la ley.
Cobertura de daños inmediatos y futuros
Las personas que han sufrido un accidente laboral o un siniestro de tránsito claramente atribuible a un tercero deben saber que pueden recibir la ayuda profesional de un abogado a fin de recibir la justa indemnización que permita atender todos los costes derivados del accidente.
Cuando se ha sufrido un accidente se puede cuantificar el perjuicio inmediato del siniestro. Por ejemplo, en un accidente de tránsito se pueden calcular los daños al coche, daños físicos y pérdidas materiales, a esto es lo que se conoce en términos legales como daño emergente presente, son fáciles de comprobar para conseguir la retribución justa a sus clientes.
Pero también existen los daños emergentes futuros, que son aquellos que pueden surgir más adelante como consecuencia del hecho, por ejemplo, atrofias musculares o desplazamientos vertebrales producto de un accidente laboral o la necesidad de rehabilitación y terapias a largo plazo. Este tipo de daños deben demostrarse, sin embargo, un buen abogado siempre conseguirá buenos resultados.
Contar con pruebas infalibles
Todos los casos que se llevan a juicio deben estar debidamente documentados y en los formatos exigidos a fin de evitar retrasos burocráticos o perder el tiempo por una omisión en el momento de registrar el siniestro, es importante estar atentos ante posibles errores de los agentes de seguridad. Un profesional de la ley debe tener el olfato y la pericia para proteger los intereses de sus clientes con prácticas éticas y en beneficio de la colectividad.
Se considera lucro cesante el valor del dinero que una persona deja de ganar tras un percance por el acto de un tercero. Esto puede verse en el caso de un comerciante que haya sufrido el incendio de su tienda por el sabotaje o manejos irresponsables de un empleado, o en el caso de un trabajador autónomo que tras un accidente de tránsito no puede dedicarse a sus actividades que le generan sus ingresos.
Todos los daños y perjuicios que sufra el agraviado deben ser debidamente evaluados y certificados por los especialistas correspondientes para su debido proceso ante las instancias judiciales que correspondan.
Posibilidades reales de acceder a la indemnización
El alcance de las indemnizaciones muchas veces es mayor de lo que las personas puedan pensar. Por lo general las personas no tienen la menor idea de lo que pueden recibir para reparar el daño sufrido por desconocimiento de la ley y, por consiguiente, de los derechos propios. Justamente para eso existen los profesionales del derecho, para representar a cualquier agraviado y garantizar que reciba lo que por justicia le corresponde.
Los tres requisitos que todo experto legal debe conocer para lograr una justa indemnización es que el daño pueda ser probado, que el coste o el lucro cesante sea causado directamente por el hecho y que puedan ser cuantificados en dinero, bien sea con facturas médicas, recibos de alojamiento por traslado de familiares, pago de servicios funerarios, facturas de los talleres mecánicos, etc.
Generalmente un profesional al inicio estudia que exista una posibilidad real de probar que haya un lucro cesante a fin de evitar que los clientes pierdan sus recursos económicos y sus esfuerzos en seguir una falsa esperanza. En este aspecto se debe ser muy responsable a la hora de informar a los usuarios sobre sus posibilidades reales.
Los abogados cada día se preparan y se actualizan con las nuevas normativas a fin de ofrecer un servicio más eficiente y profesional para evitar los largos, engorrosos y agresivos juicios. La paciencia es una virtud, premia a los justos y es la compañía de quienes luchan por sus derechos.
